Mientras nuestro país se mantiene polarizado sobre el debate pro-opción vs. pro-vida y el clima político se torna cada vez más hostil para los derechos reproductivos, las latinas siguen encarando desafíos de salud que afectan su salud reproductiva. Para las latinas, a las que sus derechos han sido limitados por políticas discriminatorias y un alto nivel de pobreza, la lucha por la justicia reproductiva nunca ha sido simple materia de elección.

La larga y trágica historia de la esterilización forzada y manipulada de las latinas en Estados Unidos y en la isla de Puerto Rico demuestra cómo a las latinas se las ha abstenido de sus derechos de tener niños. Miles de latinas, específicamente puertorriqueñas y México-americanas padecieron de esterilizaciones forzadas en la década de los 66 y 70. Muchas de estas mujeres fueron esterilizadas en hospitales públicos inmediatamente después del parto, sin su conocimiento o su autorización.

A otras latinas las esterilizaron a través de la condición coercitiva de los beneficios sociales del seguro social. A pesar de que la esterilización forzada ha sido en su mayoría eliminada, gracias al trabajo de activistas de la década de los años 70, entre las que está la doctora Helen Rodríguez-Trias, las leyes actuales ejercen similares observaciones de control reproductivo para la creciente población de latinas que reciben beneficios sociales federales.

Las latinas han sido limitadas en su libertad de prevenir o acabar con embarazos no planeados debido a las barreras financieras y a las leyes restrictivas tanto estatales como federales.

Muchos estados tienen leyes similares que niegan fondos para el aborto, aun en casos de necesidad médica. Al mismo tiempo, los gobiernos federales y estatales están limitando los fondos para las clínicas de planeamiento familiar, las que proveen servicios esenciales de prevención de embarazo y salud reproductiva.

Estas políticas limitantes de fondos, así como las leyes estatales que requieren que las mujeres esperen entre 24 y 48 horas, y que las menores tengan permiso de los padres, antes de someterse a un aborto, afectan la elección reproductiva de las latinas, especialmente de aquellas que viven en áreas rurales.

Mientras las leyes del aborto imponen dificultades significativas en la capacidad de las Latinas de ejercer sus derechos reproductivos, muchas de las disparidades que las latinas padecen tienen que ver son su incapacidad de acceder a los servicios básicos de salud reproductiva. Por ejemplo, la falta de seguro no le permite a las latinas recibir cuidados esenciales de salud reproductiva. Las latinas tienen el más alto nivel de personas no aseguradas entre cualquier raza o grupo étnico, con más de un tercio (37 por ciento) sin seguro médico.

Estamos luchando por los derechos reproductivos desde un marco amplio, reconociendo que el estatus de uno en salud reproductiva está profundamente afectado por la interseccionalidad de las identidades, tales como la raza, la etnicidad, las clases sociales y el estatus migratorio.