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¿CAFTA: comercio libre unilateral?

Más de mil trabajadores de Estados Unidos y República Dominicana y líderes sindicales y políticos se unieron este martes, 10 de mayo, en una manifestación y conferencia de prensa para expresar su oposición al CAFTA y a otros acuerdos de libre comercio que, ellos dicen, afectan el mercado de trabajo en Estados Unidos y no benefician a las economías latinoamericanas.

Washington Hoy
2003 GDP/PBI (click para ampliar)
Por Por Valéria Chalegre,
Corresponsal en Rio de Janeiro
05/06/2005

El Tratado de Libre Comercio de Centro América entre Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua fue acordado en diciembre del 2003 y firmado el 28 de mayo del año siguiente, con apenas doce meses de negociaciones entre los participantes, en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, DC.

Todavía no está en vigor, pero el acuerdo no cesa de generar controversias.
Al principio, Costa Rica rehusó adherirse al acuerdo, pero cambió de idea en enero del 2004. Por su parte, los Estados Unidos negociaron un tratado bilateral con la República Dominicana, con los ojos fijos en su futura adhesión al CAFTA (siglas en inglés de Central American Free Trade Agreement), lo cual acabó aconteciendo en agosto del mismo año. Desde entonces, el acuerdo fue rebautizado oficialmente como "United States - Dominican Republic - Central América Free Trade Agreement", o simplemente US-DR-CAFTA.

Para entrar en vigor, el acuerdo todavía requiere aprobación del congreso de Estados Unidos en una votación simple de sí o no y ratificación por los países de América Central. Hasta principios del 2005, El Salvador es el único país que ya ratificó su entrada en el CAFTA. Esta resistencia de los otros países no es casual.

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El CAFTA ha causado múltiples, constantes y calurosas manifestaciones contrarias, especialmente en función de exigencias de los Estados Unidos. Con promesas de crear nuevas oportunidades económicas, el CAFTA es un acuerdo complejo y trae regulaciones para diversos sectores económicos y sociales, como agricultura, telecomunicaciones, inversiones, comercio y servicios (desde la distribución de agua hasta el juego). Principalmente, el acuerdo determina importantes reducciones en las tarifas de importación entre los países participantes, con el objetivo de estimular el comercio y promover la mutua prosperidad.

Fuerte oposición Según sus opositores, el CAFTA sirve principalmente a los Estados Unidos, pues ofrece a sus empresas derechos, extensos y abusivos, para operar en América Central. Aunque algunos sectores de EE.UU., como los productores de azúcar, se sienten amenazados por el acuerdo, los opositores de CAFTA piensan que las amenazas son mucho mayores para los países de América Central, los cuales, al entrar en el acuerdo, abren sus economías y mercados -públicos y privados - para el libre acceso de las empresas estadounidenses, en general mayores y más poderosas que las locales, en condiciones de igualdad ilusoria, si se tiene en cuenta las notables diferencias de fuerza entre los contrincantes.

Muchas de las protestas giran en torno a la pérdida de empleos y de las dificultades que los países menos industrializados tendrán para competir con los productos estadounidenses, especialmente los agrícolas, fuertemente subsidiados por el gobierno de EE.UU.

"CAFTA también define muy ampliamente lo que constituye una expropiación, así como la compensación debida a los inversionistas en caso de que ocurra una expropiación", dice Kevin P. Gallagher, investigador asociado del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Tufts University. "Ciertamente, los EE.UU. no quieren que otros gobiernos nacionalicen firmas estadounidenses".

Para Gallagher, el secreto de CAFTA es que deja abierta la posibilidad de que tribunales ad hoc interpreten regulaciones sociales y medio ambientalistas como "expropiación indirecta". Lo que es pero, las firmas mismas (en vez de que sean las naciones quienes levantan una demanda en nombre de la firma como el la Organización Mundial del Comercio) pueden poner un juicio para recibir compensación masiva de los gobiernos extranjeros.

"Por ejemplo, la firma estadounidense Occidental Petroleum aprovechó el acuerdo de inversión entre EE.UU. y Ecuador para quejarse de la decisión de Ecuador de cancelar unos rebates tributarios. Occidental recibió 71 millones de dólares más intereses", resalta Gallagher.

Una cuestión de salud
Otro aspecto ha recibido especial atención de las organizaciones civiles que liderean la lucha contra el CAFTA: la protección de las industrias farmacéuticas estadounidenses. De la forma en que fue formulado por los EE.UU., el CAFTA incluye una exhaustiva reglamentación sobre patentes, derecho autoral y otras formas de protección del conocimiento.

Vale recordar que, aunque los países del CAFTA ya son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ya cumplen exigencias de un sistema de patentes al estilo de los EE.UU., las reglas para adherirse al CAFTA son todavía más rigurosas.

Para la OMC, la protección de patentes es de 20 años para todos los productos, incluidos los medicamentos. Existen, de todos modos, algunas excepciones como, por ejemplo, el derecho de un país a otorgar licencias obligatorias, o sea, autorizar la competencia de genéricos para productos con patentes todavía en vigor, cuando hubiese una emergencia de salud pública. Esta garantía es vital, principalmente para los llamados países en vías de desarrollo, donde el acceso a los medicamentos es precario y muchas veces financieramente inalcanzable para gran parte de la población.

El monopolio de las patentes da carta blanca a la industria para cobrar el precio más lucrativo posible, aunque eso impida el acceso de amplios sectores de la población a medicamentos esenciales, como es el caso de los retrovirales para el tratamiento del SIDA.

A modo de ejemplo, en Brasil en los últimos seis años el precio de una terapia contra el SIDA basada en tres medicamentos bajó un 98%, gracias a la quiebra de patentes promovida por el gobierno brasileño. La medida, con base en esta excepción estipulada por la OMC, no sería posible si el Brasil fuera parte del CAFTA.

Según la propuesta de los EE.UU., países como Guatemala no tendrán más el derecho de licenciar medicamentos genéricos para ayudar a su población. Los EE.UU., para aceptar la inclusión de Guatemala en el CAFTA, impuso la condición de la retirada de la ley local que promovía la competencia entre los genéricos que resulta en la disminución de los precios de las medicinas. A pesar de las intensas protestas en las calles guatemaltecas, incluso la manifestación de los portadores del VIH, el Congreso del país aceptó las condiciones.

Actualmente, en Guatemala hay alrededor de 80 mil personas infectadas con el VIH. El atazanavir, desarrollado por la Bristol-Myers Squibb, por ejemplo, es uno de los medicamentos utilizados en el tratamiento contra el SIDA. Su precio es de cerca de los 10 mil dólares por paciente por año. El presupuesto de Guatemala no da para cubrir la atención de sus pacientes a semejantes costos. Según las reglas del CAFTA, aunque se desarrollase una versión genérica del atazanavir este año, esta no podría entrar al mercado guatemalteco hasta el 2009, para proteger los derechos de Bristol-Myers Squibb, que tendrá el monopolio durante todo este período. Esta medida excluirá el acceso de la mayoría de los pacientes a esta medicina, arriesgando a un tiempo, la vida de los pacientes y la expansión de la epidemia del SIDA.

Contrapunteo
Por otra parte, varios otros acuerdos entre países con economías desiguales surtieron efectos positivos, a mediado y largo plazos, para la sociedad en su conjunto. Es el caso de la Comunidad Europea, que unió a países tan diferentes como Portugal e Inglaterra, con incontables ventajas para ambos.

Podría ser el caso del NAFTA, según quien lo analice, pues el acuerdo de México con Estados Unidos, trajo un crecimiento del ingreso per capita a 9 mil dólares, el doble de la media nacional, en ciudades como Monterrey. Cinco estados mexicanos de la frontera con Estados Unidos se beneficiaron del desvío de las operaciones de empresas de EE.UU. a su territorio, creando empleos, generando ingresos y también protestas entre los vecinos del norte.

En el resto de América Latina hay discusiones semejantes con respecto al ALCA, amplio acuerdo entre 34 países, incluidos los EE.UU. El consultor de empresas Petrucio Chalegre, brasileño, considera que para que las empresas sobrevivan tienen que encontrar nichos de especialización, pues no es posible competir en igualdad de condiciones, cuando la desigualdad es notable.

"Las empresas de países de economías emergentes, como los de la América Central, tarde o temprano verán gigantes por delante y tendrán que escoger la modalidad y el terreno en que van a luchar", explica Chalegre. Para el consultor,que atiende grandes empresas exportadoras brasileñas, como Sadia y Alpargatas, la apertura ocurrirá inevitablemente, pues, piensa, existen más beneficiados que perjudicados.

"A los gobiernos les corresponde luchar sin ingenuidad, que no existe en las mesas internacionales, para que las reglas que los perjudican no sobrevivan dentro de la apertura". El consultor recomienda a los jugadores que se preparen estratégicamente para el fin de las fronteras comerciales, pues, como la revolución industrial, este es un destino irrevocable, un movimiento internacional sin marcha atrás.