El 20 de abril, la legislatura ecuatoriana votó para destituir al presidente Lucio Gutiérrez. ¿Qué pasó y qué significa?
La destitución de Gutiérrez estuvo antecedida de meses de tensiones. En noviembre, el presidente y sus aliados derrotaron un intento de la oposición de enjuiciarlo políticamente por corrupción. Envalentonada, la mayoría congresista pro Gutiérrez utilizó esa ventaja para de forma ilegal cambiar las cortes de justicia, y reemplazarlas con jueces aliados con el gobierno.

La abiertamente inconstitucional acción fue fuertemente condenada a través del país. Los ciudadanos protestaron, lamentando el “secuestro y muerte” de la Constitución ecuatoriana para lo que organizaron varias vigilias en las afueras de la Corte Suprema. La decisión de la nueva corte de darle inmunidad a un ex presidente acusado de corrupción exacerbó los ánimos.

En abril 12 el gobierno rompió su promesa de apoyar la legislación de reforma judicial. El 14 de abril, estaciones comunitarias llamaron a las personas a las calles. La próxima noche, Gutiérrez se vio forzado a anunciar la destitución de la corte de facto. Pero al mismo tiempo impuso un estado de emergencia para parar las protestas, a pesar de que el jefe del Ejército, Luis Aguas, no apoyó la decisión.

Aguas no acompañó al Presidente la noche en que hizo el anuncio.
Sin embargo de esto, el pueblo decidió no bajar los brazos. Los negocios llamaron a una protesta general; miembros del Congreso llamaron a una sesión de emergencia y las organizaciones sociales exigieron la renuncia del Presidente.

En la noche del sábado, el Presidente se vio obligado a levantar el estado de emergencia, lo cual no calmó los ánimos. Una reunión del pueblo el martes 19 de abril, atrajo a cientos de miles de personas.
Las familias trajeron a sus niños, pero cuando la gente decidió marchar hacia el palacio presidencial, se encontraron con policías y gases lacrimógenos. Funcionarios del gobierno hicieron arreglos para llevar a “partidarios del gobierno” a Quito, muchos de ellos armadas.

En miércoles en la mañana, el comandante nacional de Policía renunció y el Congreso, frente a la tremenda presión ciudadana, se dividió. 62 de sus 100 miembros votaron para destituir al Presidente, y juramentaron al vicepresidente Alfredo Palacios como el nuevo Jefe de Estado. Poco después, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le quitaron el apoyo a Gutiérrez. Palacio se movió de forma rápida para nombrar a un nuevo gabinete ministerial y ha continuado tomando medidas para estabilizar el control del gobierno. Mientras tanto, Gutiérrez está exiliado en Brasil.

La mayoría de los comentadores de estos eventos han visto la situación a través del lente de la crisis política y la inestabilidad. La preocupación por la inestabilidad es entendible: ésta es la tercera vez en ocho años que un presidente ecuatoriano es destituido por protestas populares. Pero el énfasis en la crisis política pierde su argumento principal: por meses, los ecuatorianos han defendido su Constitución y su democracia, demandando responsabilidad política.

El Presidente Gutiérrez y sus aliados desataron la cadena de eventos que culminaron con su salida con su intervención ilegal en el sistema de justicia. Grupos de Derechos Humanos condenaron la salida de los jueces en diciembre, pero no todos los que dicen favorecer la democracia en América Latina fueron muy expresivos. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Quito dijo muy poco sobre la purga.

Pero la opinión pública ecuatoriana fue clara en denunciar que la medida era ilegal y que no había sido revertida. La salida de Gutiérrez es liberadora para muchos porque para ellos significa que la salida de la persona responsable de violar la Constitución se marchó.

El voto de la comunidad internacional está todavía fuera. Una misión de la OEA está en Ecuador esta semana, y el gobierno de Estados Unidos tiene aun que decidir si reconocer al nuevo gobierno. Los 62 votos en contra de Gutiérrez pudieran haber no tenido la suficiente fortaleza para sacar a Gutiérrez, sin embargo, forzar el regreso de Gutiérrez es impensable.

El reto para el gobierno de Palacio es reconciliar la legitimidad derivada del voto popular. Palacio era el vicepresidente, un civil, promete que el Ejecutivo no intervendrá en el poder judicial otra vez y se ha comprometido a reformar las instituciones políticas de Ecuador. Por lo menos ahí hay un lugar donde empezar.

Kimberly Stanton is Deputy Director, Washington Office on Latin America